El panorama laboral en el sector público argentino se encuentra en un estado de incertidumbre y tensión tras la emisión del decreto 286, fechado el 28 de marzo, que establece un plazo de tres meses para la renovación de los contratos de los empleados del Estado. Bajo la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, esta medida ha desencadenado una serie de reacciones y tensiones, particularmente con los sindicatos que rechazan enérgicamente estos despidos.
El decreto en cuestión especifica que los contratos, renovados conforme a las disposiciones previas, podrán extenderse hasta el 30 de junio de 2024. Sin embargo, esta renovación está sujeta a un análisis continuo por parte del Gobierno, quien decidirá si los mismos continúan vigentes o serán dados de baja por considerarse prescindibles.
La situación se torna aún más compleja ante el reciente envío de numerosos telegramas de despido a empleados de distintas reparticiones dependientes del Estado nacional. Organismos como la ANSES, el Servicio Meteorológico Nacional, Parques Nacionales, diversos ministerios, entre otros, se han visto afectados por esta ola de despidos, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los trabajadores.
Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), más de 10 mil trabajadores se verán afectados por estas medidas, principalmente aquellos que se encuentran bajo la modalidad de planta transitoria o con contratos de asistencia técnica profesional.
El Gobierno ha declarado que este proceso de revisión de contratos es parte de una auditoría integral de las cuentas públicas, con el objetivo de optimizar el gasto y depurar la planta del Estado. Sin embargo, las repercusiones de estas decisiones van más allá de la esfera laboral, afectando también la atención al público en instituciones clave como la ANSES, donde se espera un cierre masivo de oficinas debido a la falta de personal.
En respuesta a estas medidas, la ATE ha anunciado una jornada de lucha nacional para el próximo 3 de abril, con paros y asambleas en distintas provincias, amenazando incluso con tomas e ingresos forzosos en ministerios. Mientras tanto, en el Gobierno se evalúa cómo gestionar estas protestas y sus posibles repercusiones en la administración pública. Ver Más >>>
