En un movimiento estratégico que apunta a alinear posturas y tender puentes con el Gobierno, el radicalismo ha dado un paso audaz en el Senado al presentar su propio proyecto de reforma laboral. Esta propuesta, liderada por el jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, junto a otros senadores afines a los gobernadores, busca marcar una posición definida en medio del debate sobre la Ley Ómnibus.
El proyecto radical toma como base tres puntos esenciales que estaban contemplados en el polémico DNU de desregulación laboral impulsado por Javier Milei, el cual fue suspendido por la Justicia. Estos puntos incluyen la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones, la reducción de multas y un período de prueba de seis meses para los nuevos empleados.
En los fundamentos de la propuesta, se destaca la necesidad de replantear las políticas laborales tras dos décadas de estancamiento y falta de visión de cambio. Se argumenta que la alta conflictividad laboral en las empresas se debe en parte al elevado costo resarcitorio de las indemnizaciones, lo que ha impactado negativamente en su estabilidad financiera.
Es importante destacar que la UCR ha mantenido desde el inicio su postura de que cualquier modificación en materia laboral debe ser discutida en el ámbito del Congreso. A pesar de su voluntad de colaboración, el partido deja en claro que el destino de su proyecto es independiente de los avances de la Ley Ómnibus, aunque se espera que esta última incluya aspectos laborales.
En contraposición al DNU original, el proyecto radical omite ciertos puntos controvertidos, como la posibilidad de despedir por bloqueos, lo cual generó un debate intenso por su posible violación al derecho de huelga. Además, en lugar de establecer un seguro de desempleo voluntario, propone la creación de un fondo de cese laboral administrado por ANSES, con aportes mensuales del empleador.
Por otro lado, mientras que el DNU proponía un período de prueba de 8 meses, la propuesta de la UCR lo reduce a 6 meses, en línea con la legislación brasileña.
Este movimiento del radicalismo se produce en un momento clave, cuando el oficialismo se prepara para relanzar la Ley Ómnibus la próxima semana. Se espera que esta nueva versión sea presentada en la Cámara de Diputados con el objetivo de ser tratada rápidamente y votada antes del 25 de abril.
El Gobierno confía en contar con los votos necesarios, basándose en el apoyo previo que obtuvo la ley en su votación en general. Sin embargo, esta confianza podría verse afectada por las negociaciones con los gobernadores, quienes podrían condicionar su respaldo en función de sus propias demandas, especialmente en lo que respecta al paquete fiscal. Ver Más >>>
