Alberto Fernández y Sergio Massa, presidente y ministro de Economía respectivamente, enfrentan una situación complicada justo antes de concluir sus mandatos. Graciela Ocaña, diputada de Juntos por Cambio, ha presentado una solicitud al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, instándolo a tomar medidas para prevenir que ambos funcionarios abandonen Argentina, debido a las acusaciones en su contra.
Ocaña pide que se instruya a los fiscales involucrados en los casos para que implementen medidas cautelares necesarias para asegurar que los acusados permanezcan en el país y puedan ser juzgados adecuadamente. La diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires argumenta que tanto Fernández como Massa están implicados en numerosos procesos penales.
Entre el 1 de agosto de 2022 y el 1 de diciembre de 2023, Massa ha sido objeto de 27 denuncias, 7 de ellas junto a Alberto Fernández. Estas incluyen dos denuncias de Ocaña, una relacionada con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y otra por no cumplir con un fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal. Durante el mismo período, Fernández acumuló 29 denuncias, tres de ellas presentadas por Ocaña. Desde el comienzo de su mandato, Fernández enfrenta un total de 1008 denuncias penales.
Ocaña también menciona las recientes declaraciones públicas de ambos funcionarios sobre sus planes de mudarse al extranjero: Fernández considera continuar su carrera académica en España, mientras que Massa está evaluando ofertas de trabajo de fondos de inversión en Estados Unidos.
La diputada concluye que las medidas que solicita están dentro de las facultades del Procurador General de la Nación y del Ministerio Público de la Nación. Asegura que estas acciones son necesarias para el ejercicio efectivo de la acción penal pública y promoverán la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, conforme lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.
