En un caso inusual proveniente de España, un residente de un edificio fue multado por la Agencia de Protección de Datos (AEPD) tras instalar una mirilla digital en su puerta. Estos dispositivos modernos, que a menudo cuentan con funciones de grabación, son una versión avanzada de las tradicionales mirillas que permiten ver quién está al otro lado de la puerta.
La AEPD impuso una multa de 300 euros al individuo por usar este dispositivo, que se está volviendo cada vez más común en los hogares. Funciona de manera similar a los timbres inteligentes equipados con cámaras de grabación. La sanción se produjo después de que un vecino denunciara al hombre, alegando que la mirilla apuntaba directamente a la puerta de su vivienda y que se había instalado sin el consentimiento explícito del consorcio del edificio. Además de la multa, se ordenó la retirada del dispositivo.
La razón detrás de la multa es que estos dispositivos facilitan la videovigilancia, una actividad que infringe la Ley de Protección de Datos. Según la AEPD, las imágenes capturadas por estas cámaras son de carácter personal y, por lo tanto, deben ser tratadas de acuerdo con las leyes que rigen este tipo de contenido. De acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, el uso de mirillas electrónicas viola la privacidad, ya que los vecinos no dieron su consentimiento.
Sin embargo, esto no significa que esté prohibido el uso de cámaras y otros sistemas de vigilancia en España. Las personas o empresas pueden utilizar estas tecnologías, pero no se permite su uso en áreas no autorizadas, como espacios privados o áreas públicas sin una justificación adecuada. En este caso particular, el vecino debería haber consultado a la comunidad antes de instalar la mirilla. Las regulaciones en España indican que es necesario obtener el apoyo de al menos el 60% de los votantes o 3/5 partes de la comunidad antes de proceder con la instalación. Es esencial seguir estas normativas no solo para cumplir con la ley y respetar la privacidad de otros, sino también porque las multas pueden ser significativas, llegando hasta los 200 millones de euros en algunos casos.
