El 1 de septiembre de 2022, un individuo llamado Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma a muy corta distancia de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner mientras la vicepresidenta saludaba a un grupo de simpatizantes en la entrada del edificio donde residía en el barrio de Recoleta. La rapidez del suceso sorprendió incluso a su equipo de seguridad, y la detención del agresor fue realizada por civiles que presenciaron el acto. Aunque este caso ya ha sido llevado a juicio, aún hay aspectos de la investigación que continúan en proceso.
Un año después del incidente, la vicepresidenta sostiene que el intento de atentado contra su vida sigue sin resolverse por completo. Su abogado, Juan Manuel Ubeira, afirmó que la justicia no mostró interés en investigar a fondo el caso. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que los detalles del ataque ya han sido esclarecidos y que todas las hipótesis siguen siendo examinadas.
La defensa de Kirchner ha señalado que parte del caso fue llevada a juicio sin su aprobación y ha enfatizado la necesidad de investigar la posible conexión entre el grupo Revolución Federal y el intento de asesinato.
En relación con el expediente, la jueza Capuchetti ha enviado a juicio oral la sección que involucra a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como presuntos coautores del intento de homicidio, y a Nicolás Gabriel Carrizo como posible cómplice. El Tribunal Oral Federal (TOF 6) se encargará del caso, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Gabriela Baigún.
El abogado Ubeira ha expresado su desacuerdo con algunas decisiones judiciales, sosteniendo que aún hay pruebas pendientes. Además, ha destacado la importancia de determinar si el intento de asesinato fue un acto aislado o si hubo un autor intelectual detrás.
Una de las teorías que más inquieta a la defensa apunta al diputado nacional Gerardo Milman. Según una denuncia, días antes del atentado, Milman habría hecho comentarios sospechosos relacionados con el incidente. A pesar de las acusaciones, Milman ha cooperado con la justicia, entregando su teléfono para su análisis.
Por otro lado, se ha mencionado la posible relación entre Brenda Uliarte y un allegado de Milman, quien supuestamente le pagaba para participar en manifestaciones contra Kirchner. A pesar de las pruebas que descartan la conexión entre ciertos grupos y el intento de asesinato, la vicepresidenta sigue manteniendo sus sospechas y ha solicitado más investigaciones al respecto.
