La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir el ingreso a su territorio a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, junto a varios de sus allegados, se interpreta como una contundente señal política del expresidente Donald Trump para consolidar su alianza con el mandatario argentino Javier Milei. Esta medida, sin precedentes hacia un ex jefe de Estado argentino, fue impulsada por el actual secretario de Estado Marco Rubio, quien venía exigiéndola desde hace años por los múltiples casos de corrupción que involucran a la exmandataria.
Rubio, que durante su etapa como senador ya había reclamado esta sanción, argumentó que Cristina Kirchner es “una cleptócrata convicta” que robó miles de millones del Estado argentino y permitió el avance de influencias malignas como las de China e Irán en la región. En una carta dirigida en 2023 al entonces presidente Joe Biden, junto a otros senadores republicanos, el actual secretario de Estado solicitaba aplicar el artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, que permite sancionar a funcionarios extranjeros y a sus familiares por corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos.
La resolución firmada por Rubio fue avalada personalmente por Trump, quien la transformó en un gesto político hacia Milei en medio de las tensiones internas que el libertario enfrenta en Argentina. En la misma medida fueron incluidos Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta, así como el exministro Julio de Vido y su esposa Alessandra Minnicelli.
El documento oficial sostiene que “CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas”, lo que derivó en el desvío de millones de dólares y minó la confianza de los argentinos y de inversores internacionales.
La aplicación del artículo 7031(c) no solo implica la prohibición de ingreso al territorio estadounidense, sino que también puede impactar en las actividades financieras, comerciales o patrimoniales de los sancionados en Estados Unidos, en caso de que cuenten con activos o vínculos profesionales en ese país.
Esta decisión se produce en un contexto político particular, donde Javier Milei ha sido blanco constante de las críticas de Cristina Kirchner y sus sectores aliados en el Congreso, gobernaciones e intendencias. En Washington se sigue de cerca el debate legislativo en torno al DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, donde los votos kirchneristas fueron decisivos.
Para la administración republicana, el distanciamiento ideológico y geopolítico entre CFK y Milei es evidente. Cristina Fernández promovió acuerdos con Irán, negó la responsabilidad del Estado iraní en el atentado a la AMIA, y mantuvo relaciones con gobiernos como el de Cuba y Venezuela, contrarios a la agenda impulsada por Trump y sus aliados.
En este marco, la prohibición de ingreso representa no solo un castigo por causas judiciales, sino también una definición política de peso: Estados Unidos, bajo liderazgo republicano, respalda abiertamente al nuevo rumbo de Milei y marca distancia de figuras del pasado como Cristina Kirchner.
