Ante un escenario de creciente tensión en el ámbito educativo, el Gobierno nacional ha convocado a una reunión crucial con los gremios docentes de representación nacional y los ministros de Educación de todas las provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es iniciar conversaciones para establecer un acuerdo sobre el salario mínimo docente a nivel nacional.
La reunión está programada para el martes 27 de febrero a las 18 horas, en la avenida Leandro N. Alem 650, Piso 18, de la Ciudad de Buenos Aires. Esta convocatoria se produce un día después de la fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo en la mayoría del país, lo que añade una capa adicional de urgencia a las negociaciones.
La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano ha sido la encargada de convocar a las partes involucradas. Estas incluyen a la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendel, representando al Gobierno nacional; los ministros o secretarios de Educación de las provincias, que forman parte del Consejo Federal de Educación; y los representantes de los gremios docentes a nivel nacional.
La convocatoria se produce en un contexto de aumento de la tensión entre los gremios docentes y el Gobierno. Los gremios han advertido sobre posibles medidas de fuerza si no se les convocaba a discutir la paritaria nacional. Recientemente, el Gobierno ha planteado la posibilidad de declarar la educación como un «servicio esencial», lo que limitaría la capacidad de los gremios para llevar a cabo medidas de fuerza.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) tiene previsto realizar un congreso este jueves, tras el cual anunciarán sus planes de acción frente al inminente inicio de clases. Por su parte, el Poder Ejecutivo, a través de su vocero Manuel Adorni, ha reiterado que los salarios docentes y sus incrementos son asuntos que deben resolverse en las negociaciones provinciales.
En la reunión del martes también participarán, como invitadas, agrupaciones representativas de entidades educativas del sector de educación pública de gestión privada, según informaron fuentes gubernamentales.
