EL PARO PORTUARIO CONTINÚA Y SE ESTIMAN PÉRDIDAS DE HASTA USD 100.000 DIARIOS POR CADA BUQUE VARADO
Desde el inicio del paro, más de 185 embarcaciones están detenidas, afectando gravemente la exportación de granos y la distribución de combustibles en Argentina.
El paro de los prácticos en los puertos argentinos, que se inició el 1° de agosto, sigue causando estragos en la actividad portuaria. Actualmente, se estima que cada barco varado genera pérdidas de entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios. Hasta el momento, más de 185 buques se encuentran detenidos, afectando la exportación de granos y la distribución de combustibles en el país.
El Gobierno ha intimado a 536 trabajadores a retomar sus tareas y ha anunciado sanciones por este conflicto que podría comprometer contratos externos y el abastecimiento hacia la Patagonia. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, advirtió que si la situación no se resuelve pronto, podrían sumarse otros 30 barcos a la lista de embarcaciones a la espera de los servicios de practicaje.
La medida de fuerza se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, que modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje. En respuesta, la Prefectura Naval Argentina ha ordenado el regreso inmediato a la actividad de los prácticos y ha indicado que podrían enfrentar sanciones disciplinarias si no cumplen.
Idígoras también destacó que el sector agroexportador no tiene un conflicto directo con los trabajadores en huelga, ya que no existe un reclamo salarial. Sin embargo, cuestionó la falta de diálogo previo a los cambios regulatorios. El líder del sector expresó su preocupación por el impacto negativo que este paro puede tener en la imagen de Argentina como un país seguro para cumplir con contratos de exportación.
Asimismo, la Cámara Argentina de Energía informó que las operaciones de sus empresas asociadas están interrumpidas, lo que podría generar dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Bahía Blanca y Caleta Córdova, desde donde se distribuyen combustibles hacia las refinerías del país.
En este contexto, el gobierno aún no ha convocado a una mesa de diálogo con el sector, mientras que la Secretaría de Desregulación evalúa medidas para resolver el conflicto por la vía judicial.
