LA LEGISLATURA DE BUENOS AIRES APRUEBA LA LEY ANTI TRAPITOS CON SEVERAS SANCIONES
La nueva legislación impone multas de hasta 6 millones de pesos y penas de cárcel para quienes realicen actividades de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó recientemente la Ley 6961, una reforma al Código Contravencional que endurece las sanciones contra los trapitos y limpiavidrios que operan en la vía pública. La norma, propuesta por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue respaldada con 36 votos a favor y busca combatir la extorsión relacionada con estas actividades.
A partir de ahora, quienes se dediquen a cuidar autos o limpiar vidrios en semáforos podrán enfrentar multas que superan los 6 millones de pesos y penas de cárcel de hasta dos meses. Esta medida se considera un avance significativo en la lucha contra la ocupación del espacio público con fines extorsivos.
El contexto de esta reforma es alarmante: entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se registraron 13.149 contravenciones relacionadas con estas actividades, lo que evidencia la ineficacia del sistema sancionatorio anterior. “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”, expresó Macri al presentar el proyecto.
La nueva ley mantiene la actividad dentro del marco de las contravenciones, pero modifica sustancialmente las consecuencias para quienes la ejerzan. Las sanciones se escalan según la gravedad de la infracción y el contexto en el que se produzca. Por ejemplo, quienes actúen en eventos masivos y se compruebe que pertenecen a una organización delictiva podrían enfrentar penas de hasta 50 días de detención.
Los líderes de estas actividades ilegales tendrán que afrontar penas aún más severas, con sanciones que pueden llegar a 60 días de cárcel. Adicionalmente, se establece un agravante para aquellas conductas que involucren violencia o acoso, especialmente en situaciones de desigualdad de género.
La ley también actualiza las sanciones económicas: las multas ahora oscilarán entre $1.139.988 y $6.649.930, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esto marca un cambio drástico respecto a las multas anteriores, que eran consideradas irrisorias por los infractores.
En un intento por frenar la actividad ilegal, el gobierno porteño también podrá inhabilitar a quienes actúen de manera organizada en eventos masivos, excluyéndolos de programas sociales y beneficios estatales por hasta dos años.
La normativa amplía considerablemente el poder de actuación del estado, extendiendo el radio de control a 50 cuadras alrededor de los eventos y comenzando operativos hasta 6 horas antes del inicio de los mismos.
Finalmente, se busca cortar cualquier vínculo de complicidad institucional, elevando las multas a clubes o instituciones que participen en estas actividades ilegales, duplicando las sanciones de 10.000 a 20.000 Unidades Fijas.
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