IMPUTAN AL INTENDENTE DE ALLEN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y PECULADO
Marcelo Román enfrenta cargos por desvío de fondos públicos y fue señalado por la Fiscalía como responsable de entregar un teléfono municipal a un particular.
El intendente de Allen, Marcelo Román, ha sido imputado por presuntos delitos de administración fraudulenta y peculado, en un caso que ha generado gran revuelo en la provincia de Río Negro. La decisión fue tomada el 19 de junio de 2026, en el marco de una investigación que se originó a raíz de denuncias por el uso indebido de recursos públicos.
La fiscal jefe, Graciela Echegaray, junto a la fiscal Celeste Benatti, presentaron evidencias que indican que Román habría sustraído fondos municipales entre marzo de 2024 y julio de 2025. En particular, se le acusa de autorizar la compra de un teléfono celular por un monto de $479.999, además de un gasto mensual a nombre de la Municipalidad que totaliza $596.812,38.
Según la Fiscalía, el intendente no solo adquirió el dispositivo, sino que también lo apartó de la actividad patrimonial del municipio y lo entregó a una persona ajena a la administración pública. Este acto, consideran, quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre los bienes del municipio, permitiendo que un tercero dispusiera de un recurso estatal como si fuera propio.
Además de Román, fue imputada otra persona, considerada como partícipe necesario, quien recibió y utilizó el teléfono, a pesar de no tener ningún vínculo contractual con la administración municipal. La Fiscalía sostiene que este individuo habría ejercido funciones de gestión al dar órdenes a empleados municipales.
Ambos imputados enfrentan cargos bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado”, conforme a varios artículos del Código Penal. La acusación contra el segundo imputado se basa en su papel esencial en la consumación del delito.
Para respaldar la acusación, la Fiscalía presentó una serie de documentos, incluyendo una denuncia del Tribunal de Cuentas de Allen, actas de asunción del intendente, y más de 35 entrevistas realizadas durante la investigación. También se incluyeron informes del Departamento de Contaduría Forense que analizó las órdenes de pago secuestradas.
La defensa de Román ha solicitado que se desestimen los cargos y ha pedido que se impute como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo y de la documentación recabada.
La situación ha generado una crisis institucional en Allen, donde más de 3.000 firmas fueron recolectadas por vecinos para solicitar la revocatoria de mandato de Román. Esta iniciativa, impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada, se basa en la supuesta “grave negligencia” en la prestación de servicios públicos.
La campaña para destituir al intendente comenzó a finales de 2025 y ha puesto de manifiesto el descontento de la ciudadanía hacia la gestión municipal, que enfrenta acusaciones de ineptitud en el manejo de servicios básicos. El petitorio fue formalmente presentado al Concejo Municipal en mayo de 2026, lo que activará el proceso de revocatoria conforme a la normativa local.
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