EL GOBIERNO AJUSTA EL CÁLCULO DE LA TARIFA SOCIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
El nuevo esquema de la Tarifa Social busca estabilizar el financiamiento del subsidio, manteniendo el descuento del 55% para los usuarios.
El Gobierno argentino ha implementado un cambio significativo en el cálculo de la Tarifa Social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que afecta a millones de usuarios del transporte público. Esta medida, que entró en vigencia el 1° de julio de 2026, modifica la forma en que se financia el descuento del 55% que reciben los beneficiarios.
Hasta ahora, el descuento se aplicaba sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción, lo que significaba que el subsidio nacional aumentaba automáticamente con cada incremento en las tarifas de colectivos y trenes. Sin embargo, con la nueva resolución, el descuento se calculará sobre una tarifa de referencia congelada al 30 de junio de 2026, a menos que la Secretaría de Transporte decida actualizarla.
El cambio busca desacoplar el gasto nacional de las futuras subas tarifarias que definan las provincias, dado que la administración nacional ha transferido a las jurisdicciones la potestad de fijar el precio de los boletos de colectivos. De esta manera, el Ministerio de Economía considera que no es apropiado que el Tesoro Nacional asuma automáticamente el mayor costo derivado de esos incrementos.
En la práctica, esto implica que si una provincia decide aumentar el valor del boleto en los próximos meses, la Nación continuará aportando el subsidio calculado sobre la tarifa de referencia vigente a finales de junio. Si las provincias desean mantener el mismo nivel de descuento para los usuarios de la tarifa social, tendrán que financiar la diferencia con recursos propios.
La resolución también se aplica a los usuarios de los servicios ferroviarios, aunque su impacto será menor, ya que los trenes urbanos siguen bajo jurisdicción nacional. Esta normativa reemplaza un conjunto de resoluciones que estaban vigentes desde 2012 y establece que la tarifa de referencia permanecerá congelada hasta que se disponga una actualización a través de una decisión administrativa.
El objetivo de esta medida es contener el gasto público y evitar que las decisiones tarifarias de las provincias generen un aumento automático de las erogaciones del Tesoro Nacional. Con esta modificación, el subsidio dejará de ajustarse en función del precio del boleto y dependerá de una referencia fija, lo que podría reducir su valor real con el tiempo si no se actualiza.
La tarifa social SUBE seguirá beneficiando a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas sociales, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas, personas con seguro de desempleo y otros grupos incluidos en el programa.
Este cambio en el esquema de la Tarifa Social representa un paso importante hacia la reestructuración del financiamiento del transporte público en Argentina, buscando equilibrar la carga económica entre el gobierno nacional y las provincias.
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