ABSUELVEN A EMPLEADA JUDICIAL DE BARILOCHE CONDENADA POR FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN
El Tribunal de Impugnación de Río Negro revocó la condena a prisión impuesta a una mujer por falsificar un certificado médico.
El Tribunal de Impugnación de Río Negro absolvió a una empleada judicial de Bariloche que había sido condenada a dos años de prisión por el uso de un certificado médico falsificado. La mujer había sido acusada de extender una licencia psiquiátrica de 7 a 17 días mediante la alteración de un documento oficial.
La sentencia original, dictada por el juez Sergio Pichetto, había considerado que la mujer era responsable de fraude a la administración pública al cobrar su salario completo y el aguinaldo correspondiente a diciembre de 2023, a pesar de no tener derecho a ello. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación revocó esta decisión, argumentando que la falsificación era tan evidente que no podría haber inducido a error a los funcionarios encargados de validar el certificado.
Las abogadas Natalia Araya y Patricia Cabeza Catalán, quienes representaron a la acusada, argumentaron que la condena inicial había generado una situación de vulnerabilidad extrema para su clienta, quien enfrentaba 10 años de antecedentes criminales y la pérdida de su empleo. En su apelación, destacaron que la supuesta alteración del certificado no fue debidamente peritada y que el documento original nunca estuvo disponible para su análisis.
Los jueces del Tribunal consideraron que la alteración del certificado era tan evidente que podría ser detectada incluso por personas sin formación pericial. Además, señalaron que la falta de un análisis documentológico y una cadena de custodia adecuada del documento digital presentaban vicios insalvables en el proceso.
El Tribunal subrayó que el pago del sueldo a la mujer no fue resultado de un engaño efectivo, sino de una ausencia de control en el proceso administrativo. La funcionaria encargada de revisar el certificado no lo observó antes de conceder la licencia, lo que implicó que no se había inducido a error a quienes debían validar el documento.
En su fallo, los jueces también hicieron hincapié en que el Código Penal exige que la falsificación tenga la capacidad de inducir a error a un destinatario medianamente diligente, lo que no ocurrió en este caso. La defensa había argumentado que el número modificado en el certificado era claramente diferente al resto del texto, lo que debió llamar la atención de los funcionarios.
Finalmente, el Tribunal de Impugnación decidió revocar la condena y absolver a la exempleada judicial, destacando que la falsificación era grosera y que no había un nexo causal entre la supuesta maniobra fraudulenta y el pago de los haberes.
Este caso ha generado un amplio debate sobre el control administrativo y la responsabilidad de los funcionarios en la validación de documentos, así como sobre la aplicación de la justicia en casos de fraude a la administración pública.
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