ARGENTINA IMPLEMENTA NUEVA LEY PARA REGULARIZAR ARMAS DE FUEGO NO REGISTRADAS
La Ley 27.805 permite a los propietarios de armas no registradas regularizar su situación ante la ANMAC en un plazo de 360 días.
Argentina ha puesto en marcha un nuevo régimen de regularización para las armas de fuego no registradas o con documentación irregular. Esta iniciativa es parte de la Ley 27.805, sancionada recientemente por el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial. Los propietarios de armamento en esta situación tendrán un plazo de 360 días para normalizar su situación legal ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
La medida busca fortalecer los controles sobre la tenencia de armas y reducir la cantidad de armamento que no está registrado oficialmente. Además, la ley extiende hasta fines de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que promueve la entrega anónima y segura de estos materiales.
La nueva legislación permite que los propietarios de armas de uso civil o uso civil condicional sin registrar puedan presentarse voluntariamente ante la ANMAC para iniciar el proceso de regularización. Durante este trámite, el organismo llevará a cabo verificaciones técnicas, administrativas y registrales para determinar la situación del arma.
Si las comprobaciones son satisfactorias, los datos del armamento y de su titular serán incorporados al Banco Nacional Informatizado de Datos, formalizando así su registro. Además, quienes se adhieran a este proceso podrán acceder a beneficios, como la exención de sanciones penales y administrativas, siempre que no tengan causas judiciales abiertas al momento de iniciar el trámite.
Para poder registrarse, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, presentarse ante la ANMAC dentro del plazo establecido, declarar el arma o los repuestos sin registrar y superar las verificaciones que realice el organismo. También deberán obtener la condición de legítimo usuario y no tener impedimentos técnicos o documentales graves.
La ANMAC será la autoridad encargada de implementar la norma y supervisar cada etapa del proceso. Además, informará a los solicitantes sobre los riesgos de la posesión de armas y brindará opciones para quienes deseen entregarlas de manera voluntaria.
La legislación también habilita a la ANMAC a actuar si detecta situaciones que representen un riesgo para la seguridad pública. En caso de hallar armas prohibidas o con faltantes documentales significativos, el organismo podrá iniciar procedimientos para incautar el material.
La entrada en vigencia de la ley se producirá 30 días después de su publicación, lo que permitirá a los organismos competentes adecuar sus procedimientos y desarrollar campañas de difusión para informar a la población sobre el nuevo régimen.
Desde el Estado, se sostiene que esta iniciativa busca mejorar la trazabilidad del armamento en manos de particulares y fomentar la regularización voluntaria. Con este esquema, se espera incorporar al sistema formal miles de armas cuya situación registral es desconocida o irregular, fortaleciendo así los mecanismos de control sobre el material de uso civil en todo el país.
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