PROPONEN EN RÍO NEGRO QUE ABOGADOS DE LA FISCALÍA DE ESTADO NO COBREN HONORARIOS
Un proyecto legislativo busca eliminar la posibilidad de que los abogados estatales perciban remuneraciones dobles por sus funciones.
El legislador Luciano Delgado Sempé del partido Vamos con Todos ha presentado un nuevo proyecto en la Legislatura de Río Negro que busca modificar la normativa vigente relacionada con los abogados de la Fiscalía de Estado. La propuesta tiene como objetivo principal suprimir cualquier posibilidad de doble percepción remunerativa para estos profesionales.
El proyecto plantea cambios en dos leyes fundamentales: la Ley K 88, que regula las funciones de la Fiscalía de Estado, y la Ley 3350 de Ética e Idoneidad de la Función Pública. En particular, se propone la modificación del artículo 17 de la primera ley y del inciso ñ del artículo 19 de la segunda.
Según Delgado Sempé, la iniciativa busca cerrar una zona gris normativa que ha permitido a los abogados del Estado recibir dobles retribuciones por el mismo trabajo: un salario por su función y honorarios por litigar en nombre del Estado. El legislador argumenta que esta práctica es jurídicamente improcedente y éticamente cuestionable.
El legislador enfatiza que la remuneración de los abogados de la Fiscalía de Estado debe estar alineada con el régimen salarial del empleo público, y no puede complementarse con ingresos externos por actividades relacionadas con su cargo. “Permitir que los abogados estatales cobren honorarios por causas que manejan en el ejercicio de sus funciones implica distorsionar la estructura remunerativa del Estado”, afirmó.
En su exposición, Delgado Sempé también destacó que los abogados de la Fiscalía ejercen funciones públicas esenciales, que deben estar sujetas a principios de legalidad, imparcialidad y responsabilidad. Por lo tanto, considera que es crucial prohibirles recibir honorarios bajo cualquier concepto en causas que representen al Estado provincial.
El proyecto especifica que no podrán percibir, reclamar o aceptar honorarios profesionales por actuaciones realizadas en representación del Estado, independientemente del resultado del proceso o del origen de las costas.
La propuesta ha sido bien recibida en algunos sectores, quienes ven en ella una oportunidad para fortalecer la transparencia y evitar posibles privilegios en la función pública. Delgado Sempé concluyó que es necesario reafirmar el carácter público, exclusivo y no lucrativo de la función de representación legal del Estado.
Con estas modificaciones, se espera que se establezcan límites claros sobre la remuneración de los abogados estatales, contribuyendo a una mayor ética pública y a la correcta administración de los recursos del Estado.
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